En México se estima que alrededor de tres millones de personas se desempeñan como trabajadoras jornaleras en los campos agrícolas mexicanos.
No obstante, la población de personas jornaleras en México pertenece a uno de los sectores laborales más precarios y que experimenta más violencia.
Se tiene registrado que el 90% de las personas jornaleras no tiene acceso a contratos, prestaciones e instituciones de salud, que solo 10% está afiliado al Instituto Mexicano de Seguridad Social y que 67,4% gana menos de dos salarios mínimos.
A estas condiciones se les suman otros factores que inciden en el acceso a los derechos como son los sistemas de opresión y discriminación por motivos de género, etnia, orientación sexual, entro otros factores de identidad.
Esta guía procura orientar a las empresas del sector agroalimentario en la implementación de procesos de debida diligencia en materia de derechos humanos.
Esto significa tomar medidas para que las empresas gestionen de manera proactiva, a lo largo de sus cadenas de valor, los riesgos reales y potenciales en sus operaciones que puedan afectar principalmente a las personas, comunidades y el ambiente.