Históricamente, las personas con un empleo informal han sido la mayoría de la población ocupada. Esto ha significado que más de la mitad de las personas trabajadoras no cuenten con la seguridad social o protección legal e institucional correspondiente a lo que laboran.
Además, se enfrentan a un estigma constante que, en realidad, está basado en prejuicios e imprecisiones. La informalidad laboral no es un concepto monolítico o una situación homogénea. Tampoco es un privilegio o el resultado de una decisión individual.
En este documento mostramos que, en México, la informalidad laboral está presente en el sector formal e informal de la economía y en todas las actividades económicas.
Es una situación que afecta en mayor medida a las mujeres; a las personas con más hijos; a las personas con baja escolaridad; a las localidades pequeñas; a quienes trabajan por cuenta propia; a las micro, pequeñas y medianas empresas y a la región centro y sur del país.
Además, tiene como consecuencia que, en promedio, las personas ganen la mitad de quienes cuentan con un empleo formal. Estos ingresos apenas alcanzan para adquirir una canasta básica en contextos urbanos.
En los últimos años, la informalidad laboral ha aumentado en sectores que son fundamentales para el ejercicio de derechos básicos, como la generación y distribución de electricidad, el suministro de agua y gas, los servicios educativos y los servicios de salud y asistencia social.
Adicionalmente, es una parte de la economía que no se ha beneficiado directamente de los aumentos al salario mínimo o las mejoras en la política laboral. Por ello, la informalidad laboral reproduce y profundiza desigualdades territoriales, de género, de ingresos y de acceso a derechos.