En medio del contexto político y económico de gran incertidumbre que enfrenta México, debemos cuestionarnos qué modelo económico queremos para el bienestar de las mayorías y no solo de unos cuantos. Un modelo basado en la justicia económica debe poner a la naturaleza, a las comunidades y a las personas en el centro de las decisiones sobre el valor del trabajo, la redistribución por medio del dinero público y la distribución de los ingresos y la riqueza, el territorio y los recursos naturales.
El modelo económico actual en México está basado en un patrón que se originó antes de que fuera un país independiente. Este dependió del despojo de tierras y la extracción de recursos a los pueblos originarios para luego transferir los beneficios a España, la metrópoli colonial, bajo una lógica de enclaves. Así, las decisiones económicas se tomaban en el exterior y las ganancias apenas pasaron por la sociedad local. Este patrón abusivo se mantiene casi intacto hasta nuestros días y produce desigualdades extremas y perdurables. Puede describirse en cuatro ideas centrales:
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Toman. Algunas familias o empresas se apropian de lo que no es suyo, usualmente por medio de engaños, trampas, intimidación y violencia.
Transan. Una vez que toman, crean mecanismos, reglas e instituciones para apropiarse de más de esos mismos recursos o para garantizar que puedan quedarse con lo que ya han tomado.
Agandallan… Se establecen barreras legales y políticas que excluyen a las comunidades y otras empresas de beneficiarse como ellos.
…y lo llaman mérito. Hacen creer que cualquiera puede hacerlo “echándole ganas” y que, en lugar de quedarse en manos de un puñado de personas, los beneficios son para todos.
En este informe se presentan tres sectores que ejemplifican este patrón de despojo y extracción, con ganancias para unos pocos y pérdidas para el resto:
- Banca y servicios financieros. México es de los cinco países donde más ganan los bancos en comparación con países europeos, latinoamericanos y norteamericanos. El negocio de los bancos en nuestro país depende tanto de los altos intereses cobrados como por las injustificadas comisiones por el uso de sus servicios. Entre 2019 y 2023, los cinco bancos más importantes del país extrajeron la mitad de sus ganancias para llevarlas al extranjero.
- Concesiones de agua. A pesar de que el agua es propiedad de la nación y un derecho humano, el sistema legal e institucional que regula su extracción está en contra de lo público y la convierte en una mercancía que se acumula en pocas manos. Contraviniendo a la Constitución, los bancos han comprado concesiones de agua para uso agrícola, lo que apunta hacia la financiarización de lo que debería ser un derecho.
- Turismo y hotelería. Los destinos turísticos más emblemáticos de México fueron planificados y construidos por el Estado en el litoral, con un desarrollo urbano que hace que la playa sea para quien la paga y no un espacio público. Quienes trabajan en este sector son contratados por temporadas, con salarios bajos estancados por más de diez años y con profundas brechas de género con una fuerte carga de cuidados para las mujeres.
Es necesario construir una hoja de ruta para el Estado mexicano del siglo XXI, con instituciones públicas que cumplan la promesa de nuestra Constitución y que pongan en el centro de su actuar los principios de redistribución, progresividad y corresponsabilidad. No hay prosperidad compartida sin justicia económica.
Antecedentes del informe
En 2023, lanzamos el informe ¿Quién paga la cuenta?, cuyo objetivo fue señalar cómo ciertos mitos han impedido que en México se hable de los impuestos a las grandes fortunas.
En 2024, publicamos el informe El Monopolio de la Desigualdad, documento que enfatiza la relación entre política y economía, es decir: de qué forma el sistema económico actual es resultado de una serie de decisiones políticas.
Al cierre de 2024, lanzamos el cortometraje La Desigualdad Acaba con Todo, material que pone de relieve la asimetría de poder, beneficio y explotación de los recursos que nos pertenecen a todas.