En México, la falta de dinero público para garantizar derechos no es una condición natural ni inevitable; es una decisión política. Cada vez que el Estado mira hacia otro lado ante la evasión, la elusión y los privilegios fiscales, toma partido en favor de los que más tienen y en contra de los que menos reciben. Nuestro país es una anomalía fiscal: tiene una economía grande, con sectores altamente rentables y un número significativo de personas ricas y ultrarricas, pero también una mayoría que vive con ingresos bajos y sin acceso efectivo a derechos básicos. Esta contradicción no es solo moralmente insostenible, sino fiscalmente inviable.
La justicia fiscal es el camino para transformar esta realidad. Esta perspectiva no se limita al debate técnico sobre los impuestos, sino que exige una visión amplia y política del dinero público. Hablar de justicia fiscal implica hablar de tributación progresiva, de gasto público con enfoque de derechos, de transparencia presupuestal, de cooperación internacional y de las capacidades institucionales del Estado mexicano para recaudar de manera justa y eficiente.
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Esta propuesta no presenta nuevos impuestos, sino que contiene ajustes técnicos, medidas de eficiencia y correcciones a regímenes existentes que hoy perpetúan privilegios fiscales. Se trata de alternativas viables, probadas en otros países del mundo y muchas de ellas ya implementadas en otros momentos de nuestra historia. Este decálogo por la justicia fiscal es un repertorio de opciones con gran potencial de recaudación y alternativas de inversión que responden a carencias apremiantes de nuestra sociedad. El alcance de estas propuestas depende de la voluntad del gobierno mexicano para utilizar una herramienta indispensable en la búsqueda de la prosperidad compartida y el bienestar de la población.
Este no es un documento prescriptivo con recetas o soluciones mágicas. Por el contrario, busca abrir una conversación seria sobre lo que el Estado mexicano puede y debe hacer con los instrumentos fiscales a su alcance.
Es indispensable emprender medidas decididas y firmes hacia la progresividad y el fortalecimiento de nuestro sistema fiscal. La justicia fiscal no se logrará con medidas simbólicas o con llamados abstractos al civismo tributario, sino con un entramado legal e institucional robusto y con visión de justicia.
Hablar de justicia fiscal también exige reconocer lo que por demasiado tiempo ha sido evitado: la extrema concentración de la riqueza es un problema público. Las propuestas que se presentan no buscan aumentar la carga sobre las personas trabajadoras o las clases medias, que durante mucho tiempo han sido contribuyentes cautivos, ni para desincentivar la inversión o la creación de nuevas empresas. En cambio, este documento plantea la necesidad de cobrar más impuestos a quienes más tienen y más ganan, con base en un marco legal eficiente y justo, para ofrecer más certidumbre y mejores condiciones para todas las personas y empresas. La pregunta central no es si México necesita más recursos públicos, pues la evidencia es clara: los necesita urgentemente. La verdadera pregunta es si estamos dispuestas a avanzar hacia una fiscalidad que sea coherente con un proyecto de país más igualitario y con instituciones capaces de garantizar nuestros derechos. El momento para la justicia fiscal es ahora.