En México, las labores de cuidados están distribuidas de forma desigual e injusta. Las mujeres, sobre todo las racializadas, empobrecidas y de las periferias, enfrentan una carga desproporcionada en comparación con los hombres: 3 de cada 4 personas mayores de 15 años que cuidan son mujeres. El tiempo que se dedica a este trabajo también es muy dispar: las mujeres dedican un promedio de 37.9 horas semanales a cuidar, mientras que los hombres solo destinan 25.6 horas semanales. Nuestra sociedad es de las más desiguales en este sentido, pues las mujeres mexicanas utilizan casi una cuarta parte de su día en el trabajo de cuidados no remunerado.
Esta mala distribución del trabajo de cuidados no es un problema doméstico o familiar, sino un problema público. Las mujeres cuidadoras afirman sentirse cansadas, dormir mal, irritables, deprimidas y con otras afectaciones a su salud física y mental; sin embargo, el efecto más importante de la distribución desigual de los cuidados es la pérdida de autonomía de tiempo de quienes proveen cuidados. Si las mujeres dedican la mayor parte de su tiempo a cuidar, pierden la posibilidad de utilizarlo para sus proyectos personales de vida, incluyendo trabajar, estudiar o ejercer sus derechos económicos, políticos, sociales y culturales.
El estado tiene la capacidad de redistribuir y reducir las tareas de cuidados a partir de la rectoría que ejerce sobre los servicios públicos y privados en un territorio. Para contribuir a que las personas que se dedican a las labores de cuidados cuenten mayor autonomía de tiempo es necesario que los gobiernos en los tres niveles de gobierno impulsen políticas públicas de cuidados que tomen en cuenta dos variables: reducir el tiempo dedicado a los trabajos de cuidados no remunerados y aumentar la posibilidad de que las personas que reciben cuidados tomen decisiones autónomas e independientes sobre su vida. Si una política no aumenta la autonomía de tiempo de las personas cuidadoras y la autonomía de las personas que reciben cuidados, no es una política con una perspectiva completa de cuidados.
La población de nuestro país es muy diversa, tanto en términos etarios como en sus tendencias de crecimiento y envejecimiento. Por ello, los gobiernos deben tomar en cuenta la situación actual para poner en práctica políticas de cuidados pertinentes y adecuadas, pero también planear para las necesidades de los próximos años. Además, es imprescindible que las administraciones públicas valoren la infraestructura disponible para determinar si solo es necesario destinar fondos públicos a recursos humanos o si también es preciso invertir en la adecuación o construcción de espacios. Así, las alternativas de política pública deben seleccionarse con base en dos criterios: la demanda demográfica de cuidados y la evaluación de las necesidades de inversión.
Por último, ninguna política puede lograr efectos duraderos si no se garantiza su sostenibilidad financiera. Para ello, esta metodología propone seis modelos de financiamiento para un sistema público y gratuito de servicios de cuidados: los fondos federales, los impuestos locales, los derechos y productos, las contribuciones a mejoras, las contribuciones a seguridad social y los modelos público-privados. Si buscamos que el estado garantice el derecho al cuidado es necesario ir más allá de cambios normativos y fortalecer su capacidad para garantizar servicios públicos de calidad. Sin presupuesto para las políticas de cuidados no puede haber derecho al cuidado.