La población de nuestro país es muy diversa, tanto en términos etarios como en sus tendencias de crecimiento y envejecimiento. Por ello, los gobiernos deben tomar en cuenta la situación actual para poner en práctica políticas de cuidados pertinentes y adecuadas, pero también planear para las necesidades de los próximos años. Las alternativas de política pública deben seleccionarse con base en dos criterios: la demanda demográfica de cuidados y la evaluación de las necesidades de inversión. Ninguna política puede lograr efectos duraderos si no se garantiza su sostenibilidad financiera. 

Si buscamos que el estado garantice el derecho al cuidado es necesario ir más allá de cambios normativos y fortalecer su capacidad para garantizar servicios públicos de calidad. 

Sin presupuesto para las políticas de cuidados no puede haber derecho al cuidado.