Renuncias recaudatorias

¿Incentivos… para quién?

Renuncias recaudatorias que subsidian a los más ricos

El sistema fiscal mexicano tiene un problema histórico: la forma en que se cobran los impuestos beneficia desproporcionadamente a quienes más tienen, lo que facilita la acumulación de recursos en pocas manos. Las renuncias recaudatorias son un ejemplo más de este problema. En términos sencillos, las renuncias —conocidas también como gastos fiscales— son dinero que el estado deja de cobrar voluntariamente para beneficiar a ciertos grupos de la población, sectores y actividades económicas.

Mediante instrumentos como exenciones, tasas cero, deducciones, diferimientos y estímulos fiscales, las personas y empresas pueden reducir, posponer o evitar el pago de impuestos. Aunque suelen justificarse como herramientas técnicas para promover el desarrollo económico o garantizar derechos, en realidad constituyen una forma de gasto público: distribuyen recursos, generan incentivos y reflejan prioridades políticas.

DURANTE 2025 SIGNIFICARON:

Billones de pesos no recaudados
0
Del producto Interno Bruto
0
%
puntos porcentuales más que la inversión pública
0
renuncias aprobadas por la SHCP
0
veces el presupuesto de semujeres
0

5 TENDENCIAS REGRESIVAS…

1. Su diseño responde a decisiones políticas

Tras la crisis financiera de 2008, las renuncias recaudatorias se redujeron casi a la mitad. Sin embargo, a partir de 2014, comenzaron a crecer de manera sostenida. En lugar de fortalecer la capacidad del estado para impulsar sectores estratégicos mediante inversión pública directa, se optó por dejar de cobrar impuestos de manera selectiva como herramienta de fomento. Gobiernos de distintos partidos y orientaciones ideológicas han recurrido prácticamente a los mismos instrumentos.

2. Se utilizan como incentivos para quienes poseen más

Un claro ejemplo son las deducciones personales y empresariales al impuesto sobre la renta (ISR). En 2025, en promedio casi 75 de cada 100 pesos de las deducciones personales en México se concentraron en el 10% de los hogares con mayores ingresos y 55 de esos 100 pesos beneficiaron al 10% de los hombres más ricos. Así, mientras las deducciones al ISR buscan evitar que las personas paguen impuestos sobre el dinero que necesitan para vivir una vida digna, en la práctica solo benefician a quienes pueden pagar lujos y servicios privados.

3. Son instrumentos de alta concentración

Aunque la SHCP reportó 97 medidas de este tipo en 2025, apenas 10 de ellas absorbieron cerca de 80% del monto total. Esta realidad también se observa en los estímulos fiscales: de los 36 estímulos existentes en las leyes mexicanas, solo seis concentran 95% de los recursos. En contraste, los 30 restantes apenas sumaron el 5.1% del total, lo que demuestra cómo el diseño fiscal se inclina marcadamente hacia unos cuantos sectores económicos poderosos.

4. Operan como subsidios indirectos a grandes empresas

Beneficios fiscales diseñados originalmente para garantizar el acceso a bienes básicos terminan ampliando márgenes de ganancia en procesos industriales complejos. Casos como el maíz utilizado para producir botanas, cereales o jarabes, o la cebada destinada a la industria cervecera, muestran cómo estas renuncias pueden transformarse en subsidios empresariales opacos que favorecen la concentración económica más que la protección efectiva del consumo popular.

5. Permite a las industrias ejercer poder de veto

Por ejemplo, la importación y venta de chicles muestra cómo las renuncias pueden neutralizar por decreto la propia ley, beneficiando intereses industriales y corporativos. En este caso, un producto gravado por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) termina sin pagar un solo peso gracias al estímulo fiscal.

La cuestión central no es si el estado debe o no renunciar a ciertos ingresos, sino bajo qué condiciones, en beneficio de quiénes y con qué mecanismos de control renuncia a cobrar impuestos.

RENUNCIAR NO ES CEDER: HACIA RENUNCIAS RECAUDATORIAS EN BENEFICIO DE TODAS

Es indispensable garantizar que las renuncias recaudatorias sean progresivas, transparentes y estén sujetas al control democrático y a revisión periódica. Desde Oxfam México proponemos las siguientes medidas en esa dirección:

Progresividad

ORIENTARLAS HACIA EL BIENESTAR COLECTIVO

Los incentivos fiscales no pueden operar en sentido contrario a la garantía de derechos; por el contrario, su vigencia debe estar estrictamente vinculada a estrategias redistributivas como el desarrollo de vivienda digna y accesible, el combate a la crisis climática o de cuidados o la prevención de enfermedades crónico degenerativas, entre otras.

CONDICIONARLAS A COMPROMISOS SOCIALES

Beneficios que pueden resultar regresivos, como la tasa cero del IVA en ciertas cadenas de valor o estímulos sectoriales específicos, deben mantenerse únicamente si se condicionan explícitamente a objetivos verificables de garantía de derechos laborales y ambientales: por ejemplo, que las empresas o sectores que los reciben estén sujetos a compromisos en materia de trabajo digno, reducción de la jornada laboral, políticas de cuidados —guarderías, días de cuidados, licencias de maternidad y paternidad ampliadas—, igualdad salarial y estándares ambientales medibles.

EVALUARLAS A LO LARGO DE LA CADENA DE VALOR

Las renuncias recaudatorias deben auditarse para asegurar que cumplan con una función social redistributiva. Para lograrlo, es indispensable que las exenciones y tasas preferenciales —particularmente la tasa cero del IVA en alimentos— se sometan a un análisis de progresividad ampliado. Este enfoque debe evaluar no solo el impacto en el gasto de los hogares, sino identificar a los actores económicos que capturan una parte significativa del beneficio fiscal en sus cadenas de valor.

Transparencia

DEMOCRATIZAR LA INFORMACIÓN

Los informes en la materia deben estar disponibles en un repositorio en línea y se les debe dar amplia visibilidad al momento de su publicación, ya sea mediante comunicados de prensa o análisis de sus resultados. También debe hacerse explícita la estrategia fiscal de mediano plazo mediante lineamientos sobre los montos y magnitudes de las renuncias recaudatorias y los objetivos de política pública que persiguen.

IMPULSAR SU ANÁLISIS DESDE LAS DESIGUALDADES

Los informes de renuncias recaudatorias deben incluir datos abiertos en formatos compatibles con programas de análisis estadístico y no en tablas en documentos no editables, como ocurre en la actualidad. También es preciso que los informes presenten datos sobre todas las renuncias recaudatorias y no solo una selección. Además, para entender detalladamente cómo se distribuyen los beneficios de no cobrar impuestos, es necesario que la información se desagregue por percentil de ingresos y por género en todos los casos, además de otras variables relevantes para analizar sus efectos diferenciados. Eso permitirá conocer el número de personas o empresas beneficiarias y los grupos en que se focalizan estos instrumentos para todas las instancias.

Control democrático

INSTITUCIONALIZARLAS COMO GASTO PÚBLICO

Esto supone vincular cada gasto tributario con objetivos de política pública específicos y medibles, en el mismo sentido que el resto del gasto. Así será posible que cuenten con techos de gasto, prioridades explícitas y procesos de evaluación y se evitará que operen como erogaciones implícitas sin rendición de cuentas.

ESTABLECER CLÁUSULAS DE CADUCIDAD

Para evitar que los beneficios fiscales operen de manera indefinida, es indispensable hacer que estén sujetas a revisiones periódicas y profundas. Las renuncias recaudatorias deben ser herramientas dinámicas que se ajusten a la realidad económica, social y productiva del país, extinguiéndose si dejan de cumplir con los objetivos para los que fueron creadas.