La industria indumentaria en México es un sector relevante, tanto por su impacto en la economía (con un producto interno bruto (PIB) total de $5.5 mil millones de pesos al tercer trimestre del 2022) como por su contribución al desarrollo laboral.
Se estima que la población ocupada en la fabricación de prendas en México es de alrededor de 713 mil personas, cifra que representa 1.18% de la población económicamente activa.
Este sector ha crecido a niveles exponenciales, dejando graves afectaciones ambientales y sociales. Las condiciones laborales en el sector son precarias y violentas, también nombradas como “una esclavitud moderna”.
Los procesos de debida diligencia en materia de derechos humanos (PDDDH) parten del hecho de que las empresas tienen la responsabilidad de respetar tales derechos.
Esto implica abstenerse de infringir los derechos de las personas trabajadoras y hacer frente a las consecuencias negativas que puedan tener las operaciones sobre estos derechos. En México no existe un marco normativo que obligue al sector privado a implementar PDDDH.
En 2020, se presentó la iniciativa para crear la Ley General de Responsabilidad Empresarial y Debida Diligencia Corporativa, pero a la fecha no ha sido aprobada y ha sido objeto de críticas.
A nivel de política pública existe un Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024. El gobierno federal ha realizado actividades para involucrar al sector privado; sin embargo, no existe información sobre las sesiones que permita ver, de manera específica, qué se ha hecho con la industria indumentaria.
La sociedad civil organizada mexicana consolidó la Comunidad Marco sobre Debida Diligencia en Derechos Humanos (COMADH), con el objetivo de promover el diálogo entre actoras y evitar violaciones a los derechos humanos en el sector.