- El cuadernillo “Más verdes, más justos: impuestos que cuiden al planeta y a las personas” expone que se puede desincentivar actividades contaminantes y recaudar fondos para atender sus consecuencias mediante medidas fiscales.
La Alianza por la Justicia Fiscal (AJF) propone crear, aumentar o reorientar impuestos con objetivos ambientales, como gravar el uso de jets privados y yates, la congestión vehicular y la contaminación que provoca el turismo. También incrementar hasta llegar a estándares internacionales otros existentes, como el impuesto por emisiones de CO2, o recuperar el cobro completo de la tenencia en los estados, y etiquetar parte del dinero recaudado para garantizar que se destine a acciones de mitigación y adaptación climáticas.
Durante el lanzamiento del cuadernillo “Más verdes, más justos: impuestos que cuiden al planeta y a las personas”, se explicó que ante la triple crisis ambiental que atraviesa México—impactos del cambio climático, contaminación y pérdida de biodiversidad—, los impuestos pueden contribuir al cuidado del medio ambiente al desincentivar actividades o prácticas contaminantes por su alto costo y, con ello, recaudar fondos para atender sus consecuencias. Por ello, la Alianza diseñó propuestas de tres tipos de impuestos: al carbono, enfocados al sector transporte y vinculados a la protección de los ecosistemas y de la biodiversidad.
En cuanto al transporte, el documento señala como prioritario gravar el lujo. Aunque los vuelos en jet privado pueden contaminar hasta 14 veces más por pasajero que un vuelo comercial, en México los Servicios Aeroportuarios y las tarifas por usuario se cobran por tonelada y por tiempo de uso o pasajero. El país está entre el segundo y tercer lugar mundial en cuanto a aeronaves privadas, con casi 2 mil, beneficiadas por estas condiciones.
Por ello, se propone cobrar a jets privados derechos adicionales a la TUA, con base en el costo social de sus emisiones contaminantes, al menos en las rutas más usadas.
Un mega yate puede generar en un año una huella de carbono equivalente a la de 1,400 personas, pero en México los cobros por su uso son de los más bajos del mundo. La tarifa de puerto para un yate de recreo en Los Cabos es de solo 64.16 pesos al día; en la marina de Cozumel, el atraque en un muelle cuesta 20 pesos por pie de largo de la embarcación, mientras que en lugares como Los Ángeles o Florida la tarifa es de 120 a 240 dólares por pie. Al respecto, la propuesta es cobrar tarifas especiales y más cerca de los estándares internacionales por el uso y anclaje de yates, especialmente en puertos de turismo de lujo.
“Este es un botón de muestra de las injusticias fiscales vigentes en nuestro país y de las grandes áreas de oportunidad para hacer nuestra recaudación más justa, más verde, y además fortalecer los ingresos públicos de las zonas donde operan este tipo de transportes de lujo”, señaló Diego Merla, coordinador de la estrategia de justicia fiscal en Oxfam México.
Esta organización ha documentado que el 1% más rico de la población del país contamina más que el 80% más pobre.En las metrópolis, el uso desmedido del auto provoca el 18.5% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero y contribuye a más de 48,000 muertes prematuras, además de que varias ciudades mexicanas están entre las más congestionadas a nivel mundial. El documento propone seguir el ejemplo de lugares como Singapur, Estocolmo, Londres y Milán, que han implementado cargos por congestión vehicular y así han logrado reducir el tráfico y mejorar los sistemas de transporte público.
También se propone crear una Ley General de Tenencia, ya que actualmente 24 entidades la han derogado o se puede exentar al 100%. Su recaudación ha disminuido 43.7% en una década, a pesar de que desde 2007 ha aumentado en 118% la cantidad de vehículos y cada vez son más grandes, con el auge de las SUV. Además de la tenencia, se propone incluir un componente ecológico por el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero que genere el auto: por ejemplo, con una cuota de 40 pesos por cada 100 centímetros cúbicos de tamaño del motor, se recaudarían alrededor de de 22 mil 500 millones de pesos, 22% más de lo que se recaudó por tenencia en 2023.
Impuestos al carbono para cumplir con el Acuerdo de París
México tiene uno de los costos más bajos a nivel mundial por emisiones de carbono: tan solo 3.5 dólares por tonelada de CO2 emitida, un monto que no ha aumentado en términos reales desde que se creó este Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), en 2013. Para lograr cumplir el compromiso internacional dentro del Acuerdo de París (la Contribución Determinada a Nivel Nacional, NDC) de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 35% para 2030, la AJF propone aumentar el IEPS al carbono hasta entre 40 y 185 dólares por tonelada: esta última cifra es lo que se calcula como costo social real de cada tonelada.
En este sentido, Arabel Alí, analista de políticas climáticas de la Reacciona: Red de Acción Climática A.C., recordó que se acaba de presentar la NDC 3.0 con metas actualizadas y es necesario redoblar esfuerzos. “Si no se aplican impuestos justos a quienes más tienen y no se reparte mejor el dinero público, la NDC 3.0 difícilmente logrará cumplir la meta de que la temperatura no aumente más de 1.5 °C ni asegurar un trato equitativo para las siguientes generaciones. Ahora toca a la llevar la ambición y la justicia a la implementación”, dijo.
A nivel local, ya hay 11 estados con algún impuesto para emisiones de Gases de Efecto Invernadero, pero los precios varían desde 58 pesos por tonelada de CO2 en el Valle de México, hasta 656 pesos en Querétaro. Se propone impulsar un marco homologado y un esquema como en Canadá, donde a nivel federal se establecieron ciertos mínimos y si las provincias no aplican un impuesto local, se aplica el sistema federal. También se propone que al menos el 60% de los recursos recaudados se etiqueten para programas de mitigación y adaptación climáticas o para fondos ambientales, ya que en varios casos no hay un destino claro, como ocurre a nivel federal, que los impuestos se integran a una bolsa común y pueden incluso financiar proyectos que dañen el medio ambiente.
Gravámenes al turismo y la minería
El cuadernillo detalla que aunque el turismo es una de las actividades que más contaminación y destrucción de ecosistemas causa, solo en algunos municipios deQuintana Roo y en Los Cabos, Baja California Sur, existe el cobro de derechos municipales de saneamiento ambiental turístico, que cobra alrededor de 76 pesos por noche de alojamiento. La AJF propone que este modelo se replique en lugares con alta actividad turística, como Acapulco (Guerrero), Puerto Vallarta (Jalisco), Puerto Escondido y Huatulco (Oaxaca), San Miguel de Allende y Guanajuato (Guanajuato) y Mazatlán (Sinaloa). Asimismo, propone que se introduzca un componente ambiental en el Impuesto Sobre el Hospedaje (ISH) —que se cobra a nivel local con tasas entre 2% y 6%—.
Otra de las actividades económicas que más dañan al medio ambiente es la minería y en casi la mitad de estados ya existe al menos uno de tres impuestos vinculados a estos daños: por extracción de materiales, por contaminación al suelo y el agua, y por depósito o almacenamiento de residuos (IEMSSPM, IECSSA e IDAR). Sin embargo, no hay un diagnóstico de su efectividad y muchos gobiernos subnacionales no tienen capacidad real para aplicarlos o dar seguimiento a la normatividad ambiental. La AJF propone que se fortalezcan estas capacidades y se garantice que se aplican a proyectos y programas ambientales vinculados realmente al motivo por el cual se cobran. Este objetivo también se puede lograr con esquemas de compensación directa, por ejemplo, que si una empresa comete una infracción ambiental, pueda pagar la multa mediante medidas de conservación en Áreas Naturales Protegidas.
La Alianza por la Justicia Fiscal la integran organizaciones civiles y académicas que buscan promover la agenda de la justicia fiscal en México para generar espacios de diálogo y acción en materia de recaudación, gasto público y redistribución de los recursos. Forman parte el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), la Fundación Friedrich-Ebert, Fundar – Centro de Análisis e Investigación, el Instituto de Estudios sobre Desigualdad (Indesig), México Evalúa, Oxfam México y el Programa Universitario de Estudios de Desarrollo (PUED-UNAM). En la generación de este cuadernillo de propuestas colaboraron, además, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Instituto del Sur Urbano (SUR).
–Notas para la edición en el archivo descargable–