Hay espacios que se sienten protocolarios. Y hay otros que, aunque comienzan así, terminan convirtiéndose en algo mucho más profundo.
La entrega de constancias de inscripción en el Registro Social Estatal y de cumplimiento del objeto social en el Estado de México fue, sin duda, un momento institucional relevante. Pero también fue algo más: un espacio de conversación honesta entre organizaciones que, desde distintas trincheras, enfrentan el mismo desafío estructural.
Antes de comenzar la conferencia, propuse una dinámica sencilla, casi como una invitación a mirarnos en espejo. Pedí a las organizaciones presentes que compartieran aquello que más les preocupa en su trabajo cotidiano, más allá de la diversidad de objetos sociales. Las respuestas fueron distintas en sus matices, pero revelaban una preocupación común por las condiciones que limitan la vida digna en nuestras comunidades.
Lo que emergió con claridad fue un hilo conductor: la desigualdad.
Desigualdad en el acceso a los derechos, en los ingresos, en el territorio y en las oportunidades. Y a partir de ahí, el puente fue natural:
uno de los principales espacios donde la desigualdad se produce —y también podría empezar a corregirse— es el trabajo.
Hablamos de informalidad laboral y de cómo, en el Estado de México, una parte muy importante de las unidades económicas son microempresas. Centros de trabajo que operan con márgenes reducidos, con capacidades administrativas limitadas y, en muchos casos, sin los conocimientos técnicos suficientes para cumplir con regulaciones pensadas para estructuras empresariales mucho más grandes.
Eso abrió una conversación necesaria: la desigualdad también atraviesa al tejido productivo. No se trata solo de personas trabajadoras en condiciones precarias, sino también de unidades económicas pequeñas que enfrentan barreras estructurales para formalizarse o cumplir con estándares laborales complejos.
Pero reconocer esa realidad no significa renunciar a los derechos. Significa asumir la corresponsabilidad. Hablamos de corresponsabilidad empresarial, de la necesidad de que las empresas —según su tamaño y capacidad— asuman su papel en la construcción de condiciones laborales dignas, y también de la importancia de que el Estado genere acompañamiento, incentivos y procesos de transición que no empujen a la informalidad.
También se abordó una dimensión que atraviesa silenciosamente la dinámica regional: cómo el Estado de México sostiene buena parte de la demanda laboral de la Ciudad de México, especialmente en sectores como el trabajo del hogar y las plataformas digitales.
Miles de personas se trasladan diariamente para cubrir necesidades de cuidado, limpieza, reparto o transporte en la capital. Esa realidad evidencia que la desigualdad tiene una dimensión metropolitana: territorios que proveen fuerza de trabajo y otros que concentran oportunidades y consumo. Reconocerlo permite pensar en políticas coordinadas y responsabilidades compartidas más allá de las fronteras administrativas
La conversación fue rica precisamente porque no se quedó en el diagnóstico. Las organizaciones compartieron cómo, desde sus agendas específicas —ya sea en derechos de las mujeres, desarrollo comunitario, juventud e infancias— atienden problemáticas cuya raíz es, en muchos casos, la desigualdad económica y laboral. Y no solo atienden: proponen. Sistematizan casos, generan evidencia y construyen soluciones desde las personas.
Ahí quedó claro algo fundamental: la sociedad civil no es solo prestadora de servicios o acompañante de casos individuales. Es un actor que identifica causas estructurales, observa la implementación de la norma en territorio y empuja transformaciones.
Hablamos también de justicia laboral no como un concepto sectorial, sino como una herramienta para reducir la desigualdad.
El trabajo es el principal mecanismo de distribución de derechos en una sociedad: define el ingreso, el acceso a la seguridad social, el tiempo de descanso y la estabilidad. Cuando el trabajo es precario, la desigualdad se reproduce; cuando es digno y protegido, puede convertirse en una vía de movilidad social.
Fue un espacio de diálogo respetuoso, crítico y estimulante. Un recordatorio de que, aunque nuestras misiones sean distintas, compartimos un horizonte común: transformar las condiciones que generan desigualdad en el territorio.
Me fui de ese encuentro con la idea clara de que cuando la conversación parte de la experiencia en territorio y coloca a las personas en el centro, la justicia laboral deja de ser una discusión técnica y se convierte en una agenda compartida.
Y quisiera cerrar con una invitación para nosotras, desde dentro. Nuestro trabajo —en cualquier rol que ocupemos en una organización— forma parte de esa transformación. Cada tarea sostiene los cambios que queremos ver en el mundo. Todas construimos. Y cada espacio que abrimos, cada conversación que facilitamos y cada alianza que tejemos son piezas concretas de esa construcción colectiva.
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