Entre los múltiples desafíos que enfrenta México, hay uno que resulta insostenible: la brecha entre el tamaño de su economía y la debilidad estructural de sus ingresos públicos. México es una de las economías más grandes del mundo; sin embargo, recauda menos que casi todos los países de la región y ocupa el último lugar entre los países de la OCDE. Esta contradicción limita de manera directa la capacidad del Estado para garantizar derechos, financiar políticas sociales y responder a las crecientes demandas de la población.

Si bien algunas de las estrategias implementadas en los últimos años para ampliar la inversión social han mostrado resultados concretos —como la reducción de la pobreza—, estos avances conviven con ingresos públicos que ponen en riesgo el sostenimiento de estos logros en el tiempo. En un escenario de crecientes obligaciones sociales, nuevas prioridades de desarrollo y un contexto geopolítico global cada vez más inestable, la debilidad fiscal deja de ser un problema técnico y se convierte en un problema político central: sin más y mejores ingresos públicos la calidad de la democracia y la soberanía del país se debilitan y se vuelve imposible sostener el financiamiento del bienestar.

Es por ello que el reto de incrementar los ingresos públicos para garantizar el financiamiento del bienestar es una de las conversaciones más urgentes y necesarias de nuestros tiempos, no solo por la sostenibilidad de las finanzas públicas, sino también por la importancia del bienestar como pilar de la soberanía y la democracia. Con dicho desafío en mente, la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (FE-UNAM), la Alianza por la Justicia Fiscal (AJF), la Comisión Independiente por la Igualdad con Justicia Fiscal (Cijuf) y Oxfam México decidimos convocar al Primer Encuentro Nacional de Financiamiento para el Bienestar (ENFB).

El objetivo del encuentro es abrir un espacio de diálogo estratégico entre actores clave de la discusión sobre los ingresos públicos y su destino, orientado a identificar pisos comunes en materia de políticas sociales, el nivel de recursos públicos necesarios para garantizarlas y las estrategias posibles para hacerlo. A partir de ese intercambio, se busca definir objetivos compartidos y que surjan acuerdos de colaboración entre el funcionariado público —tanto federal como subnacional— y referentes de la academia, la sociedad civil, los organismos multilaterales y otros gobiernos de la región.