Oligarquía o Democracia

La desigualdad en México no es un accidente ni un fenómeno natural: es el resultado de decisiones políticas. Hoy, México es uno de los países más desiguales del mundo. El 1 % más rico de la población —apenas 1.3 millones de personas— percibe 35 % del ingreso total, posee 40 % de la riqueza privada nacional y es responsable del 23 % de las emisiones contaminantes. Esta concentración extrema convive con 18.8 millones de personas sin acceso a una alimentación nutritiva y de calidad, 38.5 millones con carencias sociales o ingresos por debajo de la línea de bienestar y 21 millones de mujeres que dedican al menos una jornada completa al trabajo de cuidados no remunerado.

La desigualdad económica socava la actividad económica y limita la reducción de la pobreza; erosiona la democracia y la cohesión social; y debilita la capacidad colectiva para enfrentar la crisis climática. Cuando la riqueza se concentra, también lo hace el poder de decidir qué, cómo y en qué condiciones funciona la economía. Cuando esas decisiones quedan en manos de unos pocos, la democracia se vacía de contenido y se transforma en una oligarquía.

En los últimos 30 años, la concentración extrema de la riqueza se ha consolidado en México. Los ultrarricos mexicanos nunca habían sido tantos ni tan ricos como hoy. Hay 22 milmillonarios con una fortuna conjunta de 219 mil millones de dólares, equivalentes a 3.9 billones de pesos mexicanos o al tamaño de las economías de Jalisco y Guanajuato juntas. Carlos Slim, el hombre más rico de México y de América Latina y el Caribe, nunca había acumulado una fortuna tan grande. En el mismo periodo, los milmillonarios mexicanos duplicaron su fortuna conjunta en apenas cinco años.

Esta concentración no es producto del mérito individual, sino de un modelo económico injusto que depende del trabajo de millones de personas y de los recursos de todo el territorio nacional, pero distribuye sus beneficios entre muy pocos. Los milmillonarios se enriquecen a costa del tiempo, la precariedad y la incertidumbre de millones de personas.

México confirma lo que Thomas Piketty planteó en El capital en el siglo XXI: cuando las fortunas de los más ricos crecen más rápido que la economía, la desigualdad económica se profundiza. Entre 1996 y 2025, la riqueza de Carlos Slim aumentó más de ocho veces y la de los milmillonarios se multiplicó 4.2 veces, mientras la economía mexicana ni siquiera duplicó su tamaño. Este modelo ha sido mediocre para la mayoría, pero extraordinariamente rentable para los milmillonarios, quienes además se recuperan con mayor rapidez de las crisis que el resto de la sociedad.

Este poder económico se convierte inevitablemente en poder político. Los ultrarricos acceden a los espacios de decisión, influyen en políticas públicas y heredan su poder dentro de dinastías sin legitimidad democrática. Sus fortunas están estrechamente ligadas a las privatizaciones de los años ochenta y noventa del siglo pasado, así como a concesiones, licencias y permisos para explotar bienes públicos en sectores estratégicos, con frecuencia poco regulados. Como concesionarios, contratistas o propietarios controlan infraestructura clave, lo que les otorga una capacidad de veto sobre el modelo de desarrollo nacional. Defender la democracia exige enfrentar la concentración extrema de la riqueza y avanzar hacia la democracia económica.

La experiencia reciente demuestra que el cambio es posible. Mientras el salario mínimo se recuperó desde 2017 hasta niveles similares a los de 1981, gracias a decisiones colectivas y democráticas, la inversión pública como proporción del PIB en 2024 seguía siendo menos de la mitad de la que teníamos hace 45 años. Recuperar la inversión pública y orientarla de forma democrática al desarrollo de infraestructura social y productiva son condiciones indispensables para un crecimiento justo y redistributivo. La democracia económica no se decreta: se construye.

Frente a una economía que explota y roba tiempo a las personas trabajadoras, subsidia la riqueza acumulada y concentra las oportunidades, es necesario fortalecer el papel del estado como garante de derechos e impulsor de la igualdad. La decisión clave para lograr la justicia económica en el corto plazo es la movilización democrática de la inversión, para lo cual el estado necesita recursos financieros, humanos e institucionales suficientes para una política económica renovada. Las nueve propuestas que se presentan en este documento buscan transformar, reparar y redistribuir para hacer que los beneficios de la economía mexicana dejen de estar controlados y concentrados por unos pocos.

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