El trabajo en plataformas digitales se ha consolidado como una de las principales formas de empleo en la economía contemporánea. Miles de personas sostienen diariamente servicios de transporte, reparto y entrega que se han vuelto una parte fundamental de la vida urbana. No obstante, detrás de esta aparente comodidad existe una realidad laboral marcada por la precariedad, la inseguridad y la falta de derechos. Estas condiciones afectan a todas las personas que trabajan en plataformas, pero perjudican con mayor fuerza a las mujeres y a las personas no binarias, quienes enfrentan más violencias, menos protección y mayores obstáculos para ejercer sus derechos laborales.
La reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) de diciembre de 2024 representó un avance histórico. Por primera vez, el estado mexicano reconoció que existe una relación laboral entre las plataformas digitales y las personas trabajadoras. Este reconocimiento abrió la puerta al acceso a derechos negados por décadas, como la seguridad social, la cobertura por riesgos de trabajo y la obligación de las empresas de transparentar cómo funcionan sus algoritmos. La prueba piloto del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) también fue una oportunidad clave para evaluar si estos derechos se están cumpliendo en la práctica.
La información disponible muestra que este avance sigue siendo incompleto. La reforma no incorporó de manera suficiente una perspectiva de género y diversidad. Esta ausencia tiene consecuencias concretas: al no reconocer las desigualdades que viven mujeres y personas no binarias, la ley termina reproduciendo exclusiones ya existentes. Las responsabilidades de cuidados, la violencia en el espacio público, el acoso sexual, la discriminación algorítmica y la falta de infraestructura básica dificultan que muchas personas trabajadoras alcancen los ingresos mínimos exigidos, mantengan su afiliación a la seguridad social o puedan trabajar en condiciones seguras. Si esta omisión no se corrige, las desigualdades y violencias en el sector se seguirán profundizando.
Esta guía parte de una idea central: la precariedad en el trabajo en plataformas no es una elección individual ni una consecuencia inevitable de la tecnología; es el resultado de decisiones políticas, vacíos legales y prácticas empresariales que trasladan los riesgos y costos del trabajo a quienes lo realizan. Aunque las plataformas presentan al algoritmo como una herramienta neutral, en la práctica funciona como un patrón invisible, ya que decide quién trabaja, cuánto gana, cómo es evaluada una persona y si puede seguir o no en la plataforma, muchas veces sin explicaciones claras ni posibilidad de defensa.
Al mismo tiempo, las empresas continúan descargando responsabilidades sobre las personas trabajadoras. Ellas deben cubrir gastos de operación, asumir accidentes, enfrentar la violencia y resolver por su cuenta la falta de sanitarios, espacios de descanso o servicios de cuidados. Esta situación no sólo precariza los ingresos, sino que pone en riesgo la salud, la seguridad y la vida, especialmente de quienes ya enfrentan desigualdades estructurales.
Frente a este escenario, la guía propone una ruta clara de corresponsabilidad. Las autoridades gubernamentales tienen un papel central: no basta con reconocer derechos en la ley, sino que es indispensable garantizar que se cumplan, lo cual implica fortalecer la inspección laboral, vigilar el funcionamiento de los algoritmos, ampliar la cobertura real de la seguridad social y establecer reglas claras para prevenir, atender y sancionar la violencia, en especial la violencia de género. El estado debe cerrar la brecha entre lo que dice la ley y lo que ocurre todos los días en las calles.
Las empresas de plataformas, por su parte, deben asumir plenamente su responsabilidad como empleadoras. Cumplir la ley sólo en el papel no es suficiente. Es necesario que implementen protocolos efectivos contra la violencia, con atención humana y perspectiva de género y diversidad, que expliquen de forma clara cómo funcionan sus algoritmos, que dejen de penalizar las pausas relacionadas con los cuidados y que garanticen condiciones mínimas de seguridad, salud e ingresos. Sin estos cambios, las ganancias de la economía digital seguirán sosteniéndose sobre la precariedad.
La corresponsabilidad también incluye a los establecimientos y a las personas usuarias. Los espacios donde se recogen y entregan pedidos deben reconocerse como parte del entorno laboral y ofrecer acceso a sanitarios, zonas de espera adecuadas y un trato digno, condiciones que pueden marcar la diferencia entre un trabajo seguro y uno riesgoso. Del mismo modo, las decisiones cotidianas de las personas usuarias —cómo califican, cómo tratan y qué exigen— influyen en las condiciones de trabajo de manera directa.
Finalmente, la guía reconoce la fuerza colectiva de las personas trabajadoras, especialmente de mujeres y personas no binarias, quienes han creado redes de apoyo y estrategias de protección frente a la violencia y al abandono institucional. Estas prácticas son valiosas y deben fortalecerse, pero no pueden sustituir las obligaciones del estado ni de las empresas.
El objetivo de esta guía es transformar el reconocimiento legal en derechos reales y ejercibles, reducir desigualdades y avanzar hacia un trabajo en plataformas digno y libre de violencia. La reforma de 2024 fue un paso decisivo; dotarla de una perspectiva de género y diversidad efectiva y de mecanismos de cumplimiento es la siguiente tarea urgente. El dilema es claro: la economía de plataformas puede seguir reproduciendo desigualdades o puede convertirse en un espacio de trabajo justo, seguro y sostenible para todas las personas.
