- En 2024 y 2025, Querétaro tenía más del 90 % de su territorio en sequía; sin embargo, un solo centro de datos posee permisos para extraer hasta 25 millones de litros de agua de pozo, mientras la población utiliza aguas superficiales y tratadas.
- El informe «La huella que dejan las nubes» advierte que la expansión de los centros de datos en México reproduce lógicas coloniales: privilegia exenciones fiscales corporativas y traslada el costo ambiental a la población.
Ciudad de México, 31 de agosto de 2026.- Los centros de datos instalados en los municipios de Colón y El Marqués en Querétaro están despojando de bienes públicos a sus habitantes, advierte un nuevo documento de las organizaciones Oxfam México y Oxfam Intermón.
La investigación titulada La huella que dejan las nubes: los centros de datos y las desigualdades, revela cuál es el costo real de la instalación de los centros de datos en México y alerta sobre un nuevo extractivismo digital que traslada los costos ambientales y sociales a las comunidades con mínimos beneficios, mientras favorece las ganancias de dichas compañías.
Actualmente existen más de 11 mil centros de datos en 174 países del mundo. Se estima que la demanda global de capacidad para centros de datos podría triplicarse para 2030 y que habrá una inversión de casi 7 billones de dólares en los próximos años para esa industria (5.2 billones destinados para instalaciones que operen modelos de inteligencia artificial).
Los centros de datos son una infraestructura digital sumamente contaminante. Un solo centro de datos grande consume hasta 19 millones de litros de agua al día, el equivalente al consumo de una ciudad de hasta 50 mil habitantes. En 2024, la industria de los centros de datos consumió 415 TWh en 2024, cifra equivalente al consumo eléctrico de todo Japón en un año. Hoy representan el 1.5% del consumo eléctrico global y subirán al 3% para 2030, con un crecimiento proyectado del 16% anual.
Bajo ese contexto, Oxfam México hace un llamado urgente al Estado mexicano a regular con políticas públicas fuertes la industria de los centros de datos, así como reconocerlos como infraestructuras con impactos ambientales, sociales y económicos de gran escala, en un momento en el que Querétaro está experimentando una rápida expansión de la industria por parte de gigantes tecnológicos como Amazon, Microsoft y CloudHQ.
Empresas de centros de datos se aprovechan de territorios vulnerables
El análisis conjunto de Oxfam México y su contraparte española se basó en los hallazgos encontrados por las investigadoras Paola Ricaurte, Lorena Ríos y Aurora Gómez Delgado durante su trabajo de campo en las regiones de datos en la comunidad española de Aragón y el estado mexicano de Querétaro.
Las regiones de datos, es decir, la concentración de centros de datos en una región específica, como es el caso del estado mexicano, no ocurre por casualidad. Según las investigaciones, además de preferir ciertas condiciones climáticas, las empresas eligen los territorios con base en qué tan flexibles son los marcos regulatorios de la entidad, así como el déficit de desarrollo industrial del lugar.
A través de intensas campañas de relaciones públicas, prometen supuestos beneficios a la comunidad: generación de empleos, vanguardia tecnológica y derrama económica. Así, las empresas logran instalar los centros de datos gozando de incentivos como exenciones de impuestos diferidos sobre importación de equipos, reducción del impuesto predial por un número determinado de años, exenciones de impuestos ambientales, tarifas eléctricas preferenciales o exenciones del IVA sobre algunos insumos. (Baptista y McDonell, 2025).
Por ejemplo, en el caso de México, la compañía de Amazon Web Services (AWS) prometió la creación de 7 mil empleos de tiempo completo al año, Google comprometió 117 mil empleos para 2030 y Microsoft cerca de 300 mil. Sin embargo, los datos recopilados por las investigadoras revelan promesas incompletas. En la fase de construcción se alcanza el pico más alto de empleo dentro de un centro de datos. Al finalizar la obra, un centro de datos promedio ofrece alrededor de 200 empleos y los de alta cualificación, en realidad, no operan en el mismo lugar.
Además de los incentivos fiscales y administrativos, el gobierno queretano ha exentado a las compañías de su obligación de presentar Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA), así como el pago de impuestos por emisiones de gases a la atmósfera, a pesar de que las investigaciones citadas en el informe indican que estos centros sí son responsables de emisiones directas como dióxido de carbono, metano, óxido de nitrógeno, entre otras.
Máquinas y comunidades compiten por recursos para sobrevivir
Las comunidades de Colón y El Marqués ya experimentan fallas en los suministros hídricos y eléctricos por el establecimiento de los centros de datos. Al respecto, las acciones tomadas por las autoridades manifiestan una inclinación a satisfacer las necesidades de las empresas privadas, más que a garantizar el acceso a servicios públicos de calidad para la comunidad.
Tal es el caso de la empresa Microsoft en Querétaro, que posee autorizaciones para extraer hasta 25 millones de litros de anuales de agua en uno solo de sus campus, a pesar de que durante 2024 y 2025 el estado atravesaba una sequía extrema en más del 94% de su territorio. Para solventar el problema, el gobierno ha impulsado el proyecto El Batán, una infraestructura que busca suministrar agua superficial y tratada a la población, mientras garantiza el acceso a agua de pozos para los centros de datos.
Para tratar con las fallas eléctricas, el estado realizó una inversión pública con dinero del erario para fortalecer la red eléctrica estatal. Mientras tanto, la empresa CloudHQ anunció que sus seis centros de datos tendrán una capacidad inicial de 190,26 MW, equivalentes al consumo de 420 mil hogares. El director de operaciones de la compañía proyectó que la región de datos alcanzará una carga eléctrica de 900 MW, equivalente al consumo de 2,6 millones de hogares promedio al año.
Habitantes de dichos municipios declararon a las investigadoras que el estado ha facilitado la adquisición de terrenos a las compañías y que han sido presionados para malvender parcelas de tierra por precios inferiores a su valor real. Algunos han permanecido en sus tierras obligados a convivir con las masivas construcciones y otros han abandonado sus comunidades al no poder competir con la industria tecnológica.
Centros de datos perjudican más de lo que benefician; urgen regulaciones pertinentes
Bajo la lógica actual, los centros de datos están operando como enclaves de la economía digital, utilizando el territorio como un proveedor de recursos sin devolver beneficios a la población, quienes además viven los efectos sociales, económicos y ambientales de su instalación a pesar de no haber sido consultados sobre la instalación de dicha industria en sus territorios.
La economía digital que representan los centros de datos reproduce una lógica extractivista colonial, en la que los territorios del Sur Global actúan como proveedores de recursos, mientras las empresas se quedan con las ganancias al mismo tiempo que profundizan la desigualdad social y económica y agravan la crisis climática en los territorios.
Hasta ahora, los marcos regulatorios en Querétaro han optado por catalogar a los centros de datos como empresas de servicio, por lo que no se han desarrollado criterios específicos que reglamenten la operación de esta industria altamente contaminante. “Las leyes y normas deben alcanzar la rápida expansión de las regiones de datos, de otro modo, el vacío de política pública seguirá permitiendo que
las leyes se usen a modo, beneficiando a unos pocos y perjudicando a la población mexicana en nombre del desarrollo digital”, declaró Efrén Pérez de la Mora, gerente de Gestión del Conocimiento en Oxfam México.
Al respecto, Oxfam México hace un llamado a las autoridades e insta a establecer políticas públicas fuertes, específicas y vinculantes. Para ello, propone regulaciones que establezcan estándares claros de transparencia, limiten el consumo de recursos, ordenen evaluaciones ambientales rigurosas, soliciten mecanismos de rendición de cuentas y determinen marcos fiscales que eviten la socialización de costos y la privatización de beneficios.
“Regular no es frenar la digitalización, sino decidir colectivamente si los centros de datos seguirán expandiéndose como un dispositivo de extracción y sacrificio territorial o si pueden someterse al interés público y la justicia económica”, enfatizó Ervin Félix, coordinador de investigación en Oxfam México.
Notas a la edición
Descarga el informe La huella que dejan las nubes. Los centros de datos y las desigualdades
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