Las renuncias recaudatorias son los impuestos que el estado deja de cobrar para beneficiar a ciertos grupos de la población, sectores y actividades económicas. Mediante instrumentos como exenciones, tasas cero, deducciones, diferimientos y estímulos fiscales, las personas y empresas pueden reducir, posponer o evitar el pago de impuestos. Aunque suelen justificarse como herramientas técnicas para promover el desarrollo económico o garantizar derechos, en realidad constituyen una forma de gasto público: distribuyen recursos, generan incentivos y reflejan prioridades políticas.
Su importancia para las finanzas públicas mexicanas es enorme. En 2025, las renuncias recaudatorias representaron un monto equivalente a 4.4 % del PIB, aproximadamente 1.58 billones de pesos, una cifra superior a la inversión pública y varias veces mayor que los presupuestos de instituciones clave para el desarrollo social, la igualdad de género y la protección ambiental. A pesar de su magnitud, operan con niveles de supervisión y rendición de cuentas muy inferiores a los del gasto público convencional. Sabemos cuánto dinero deja de recaudar el estado, pero conocemos poco sobre quiénes reciben estos beneficios y cuáles son sus resultados económicos y sociales.
La evidencia disponible muestra que las renuncias recaudatorias en México presentan importantes riesgos de regresividad, concentración y opacidad. En 2025, casi 75 de cada 100 pesos de las deducciones personales del ISR se concentraron en el 10 % de los hogares con mayores ingresos, mientras que casi 80 de cada 100 pesos de las deducciones empresariales para la compra de vehículos beneficiaron al 10 % de las empresas más grandes. Además, aunque en 2025 se reportaban 97 renuncias recaudatorias, apenas diez concentraron casi 80 % de los recursos totales. Algunos de estos mecanismos operan como subsidios indirectos para grandes corporaciones o favorecen dinámicas de especulación inmobiliaria. Su evolución histórica también revela que responden a decisiones políticas más que técnicas.
Frente a este panorama, el documento propone transformar las renuncias recaudatorias para alinearlas con los principios de justicia fiscal. Para ello, las renuncias deben ser progresivas, transparentes, sujetas al control democrático y a revisión periódica. Hacerlas progresivas implica orientarlas hacia el bienestar de las personas, comunidades y sectores más vulnerados, condicionar su otorgamiento a compromisos sociales y evaluarlas a lo largo de toda la cadena de valor. Mejorar la transparencia se refiere a democratizar la información disponible y mejorar la calidad de los datos públicos para conocer mejor quién las recibe y en qué medida. Someterlas al control democrático y la revisión periódica traería consigo integrarlas al ciclo presupuestal y establecer cláusulas de caducidad para que los beneficios no seconviertan en privilegios duraderos.
La pregunta central es sencilla: ¿a quién benefician realmente los incentivos que ofrece el estado? Para responder es necesario examinar los impuestos que se deciden no cobrar con el mismo detalle que el resto de los recursos públicos. Democratizar estos instrumentos es indispensable para garantizar que el sistema fiscal se utilice para reducir desigualdades y fortalecer el bienestar colectivo, en lugar de subsidiar la riqueza acumulada y reproducir privilegios para unos cuantos.
Renuncias sujetas a prioridades políticas
Evolución de las renuncias recaudatorias en México, 2002 – 2025 (pesos de 2025)
Las jóvenes de la CDMX que cuidan sostienen una triple carga.
Número promedio de horas diarias que las personas jóvenes que no estudian ni trabajan dedican a distintos tipos de cuidados en la CDMX y a nivel nacional según género, 2024
Fuente: elaboración propia con datos de GTED.
Cómo leer esta gráfica: la gráfica muestra el monto de las renuncias recaudatorias en México a lo largo de los años: entre más alta sea cada barra, mayor fue el monto total de las renuncias en cada año. Las renuncias se redujeron drásticamente (casi la mitad) en 2009, probablemente como una forma de aumentar los ingresos tributarios en reacción a la crisis financiera internacional. También es evidente que han aumentado gradualmente desde 2014, lo que significa que el estado las utiliza con mayor frecuencia como herramientas de política económica. Por último, desde 2022 nos encontramos en niveles similares a los de inicios del siglo, por lo que gobiernos de distintos partidos y tendencias políticas utilizan estos instrumentos prácticamente en la misma medida.
