México se encuentra en una encrucijada fiscal que no puede resolverse con los instrumentos del pasado. A pesar de los avances recientes en eficiencia recaudatoria y combate a la evasión fiscal, la hacienda pública mexicana enfrenta límites estructurales que impiden garantizar derechos, reducir desigualdades y financiar el desarrollo. La evidencia es contundente: los ingresos públicos siguen siendo insuficientes y regresivos, el gasto no logra consolidar un sistema de bienestar robusto y tanto la deuda como la banca de desarrollo operan por debajo de su potencial transformador.
En materia de ingresos, el país ha alcanzado máximos históricos que apenas compensan la caída de los ingresos petroleros en los últimos 15 años. La estructura tributaria continúa dependiendo de forma desproporcionada en el consumo y el trabajo, mientras que la riqueza y el capital prácticamente no aportan a los impuestos recaudados en México. Esta configuración no solo limita la capacidad recaudatoria, sino que reproduce las desigualdades. La estrategia de mejorar la administración tributaria ha llegado a su límite. En el ámbito subnacional, la falta de autonomía fiscal de estados y municipios profundiza estas limitaciones. La debilidad en la recaudación como los impuestos predial y sobre la tenencia o uso de vehículos, junto con la dependencia de transferencias federales, restringe la capacidad de los gobiernos locales para responder a las necesidades de sus territorios.
El gasto público, por su parte, refleja una tensión no resuelta entre transferencias monetarias y garantía de derechos. Si bien millones de personas han mejorado sus ingresos, el acceso efectivo a servicios como salud, cuidados o justicia laboral sigue siendo insuficiente. La política social ha priorizado el aumento del ingreso disponible, pero no se ha acompañado de la inversión necesaria en infraestructura y servicios públicos universales. A ello se suma una década de recortes selectivos que han debilitado áreas clave para la igualdad de género, los derechos laborales y la respuesta a la crisis climática. Más que una reducción general del gasto, lo que ha ocurrido es una reorientación que no ha beneficiado a las mayorías.
Por otro lado, la deuda pública ha sido tratada como un problema a contener, en lugar de una herramienta para el desarrollo. Su uso ha sido mayoritariamente para financiar gasto corriente, no inversión transformadora, y esta lógica ha limitado su capacidad para ampliar la base productiva o reducir desigualdades. Al mismo tiempo, la consolidación fiscal reciente, en ausencia de nuevos ingresos, ha recaído en recortes a inversión y servicios, profundizando un ajuste regresivo.
La banca de desarrollo, que podría desempeñar un papel clave en la movilización de recursos hacia sectores estratégicos, ha perdido peso de manera significativa en las últimas décadas. Hoy representa una fracción mínima del crédito total, mientras que la banca privada concentra cada vez más poder económico. Esto ha debilitado la capacidad del estado para orientar el desarrollo social y productivo hacia sectores económicos históricamente vulnerados.
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En conjunto, ingresos, gasto, deuda y crédito públicos comparten un mismo problema: la persistencia de una lógica de austeridad que retrae al estado y limita su capacidad de actuar. Los gobiernos recientes han buscado objetivos posneoliberales, pero siguen operando con reglas fiscales heredadas que impiden alcanzarlos plenamente.
Frente a este escenario, la disyuntiva es clara. México puede continuar administrando la escasez y reproduciendo un modelo que concentra la riqueza y restringe el desarrollo o puede emprender una transformación estructural de su hacienda pública. Esto implica construir un sistema tributario progresivo que grave la riqueza, reorientar el gasto hacia la garantía efectiva de derechos, utilizar la deuda para financiar inversión productiva en los territorios y fortalecer la banca de desarrollo como motor de cambio estructural en nuestra economía.
El tiempo para ajustes marginales se ha agotado. Financiar el futuro exige un nuevo pacto fiscal que coloque en el centro a las personas, las comunidades y la naturaleza. La decisión es impostergable: profundizar la transformación mediante cambios fiscales y económicos estructurales o aceptar la persistencia de un modelo que reproduce la desigualdad y limita el desarrollo.
