Desde la crisis de la deuda de 1982, México tomó una decisión que todavía arrastramos: convertir la inversión pública en variable de ajuste fiscal. El resultado, cuatro décadas después, es que en 2024 la inversión pública representaba apenas el 38% de su nivel en 1981 —una caída de doce a cuatro puntos del PIB. No se trata de un descuido reciente ni de una omisión pasajera: es una decisión política sostenida en el tiempo, que consolidó la inversión pública como el primer renglón a recortar ante cualquier tensión presupuestal.
En ese contexto, la infraestructura de cuidados —estancias infantiles, centros de día para adultos mayores, espacios comunitarios— nunca fue prioridad. No porque los cuidados no fueran necesarios, sino porque el sistema encontró una forma más eficiente y mucho más barata de resolver el problema: que los cuidados los proveyeran las mujeres, sin costo para el erario, sin reconocimiento, sin descanso.
Mientras la inversión pública en infraestructura social se desploma, los cuidados se siguen proveyendo con la misma intensidad, o más. Lo que cambió fue quién pagaba la cuenta y de qué manera. Según datos del INEGI, 21 millones de mujeres en México dedican al menos una jornada completa al trabajo de cuidados no remunerado. El informe Oligarquía o Democracia de Oxfam México lo traduce en términos de tiempo: una mujer del 10% más pobre destina 2.7 veces más horas al trabajo no remunerado que un hombre del 1% más rico.
Esta desigualdad no es solo de género: es también de clase. Las mujeres con menos recursos no solo cuidan más, sino que lo hacen en condiciones de mayor precariedad, con menos acceso a servicios y con un costo de oportunidad más alto. Mientras tanto, el sistema económico sigue beneficiándose de ese trabajo invisible: como lo ha señalado la economía feminista durante décadas, el sostenimiento de la vida a través de los cuidados libera el tiempo de quienes participan en el mercado laboral y habilita toda la estructura productiva.
La inversión en infraestructura es crítica. Sin embargo, uno de los errores más frecuentes en el diseño de políticas de cuidados es tratar la infraestructura como si fuera sinónimo de solución. Construir estancias o centros de día es necesario, pero insuficiente si esos servicios no responden a las necesidades reales de las personas que cuidan. La experiencia acumulada en América Latina muestra que la infraestructura sin consulta pública con las propias cuidadoras tiende a ser subutilizada, inadecuada o, en el peor de los casos, a reproducir los mismos patrones de exclusión que pretendía resolver.
El informe de Oxfam México plantea, en este sentido, que desarrollar infraestructura social para la redistribución de los cuidados requiere tres condiciones simultáneas: servicios accesibles y de calidad, una transformación cultural que redistribuya el trabajo de cuidar —no solo entre géneros, sino entre generaciones e instituciones—, y mecanismos efectivos de participación de las personas cuidadoras en el diseño de esas políticas. Esta última condición no es un complemento deseable: es lo que hace la diferencia entre una política que funciona y una que solo existe en el papel. La apropiación social de la infraestructura depende de que las personas que la necesitan hayan participado en su construcción.
En otras palabras, no alcanza con que el Estado invierta: es necesario que invierta bien, con criterios democráticos, con perspectiva de género y con la participación activa de quienes sostienen cotidianamente la vida. Una política de cuidados diseñada sin las cuidadoras no es una política de cuidados: es una política sobre ellas.
Las políticas de cuidados cuestan. Siempre han costado. La diferencia es quién ha absorbido ese costo históricamente y en qué condiciones. Durante décadas, el Estado mexicano transfirió esa responsabilidad al ámbito doméstico, y dentro de ese ámbito, a las mujeres. No fue un olvido: fue una decisión, que tiene consecuencias concretas en la autonomía, la trayectoria laboral, la salud de millones de mujeres.
Este 8 de marzo, la exigencia no es nueva, pero sí es urgente: que los cuidados dejen de ser una carga invisible asignada por razón de género y se conviertan en una responsabilidad colectiva, distribuida entre el Estado, el mercado y los hombres. La democracia económica que México necesita no puede construirse sin poner los cuidados en el corazón de la inversión pública. Y esa decisión, como todas las que importan, es política.
Fuentes: Oxfam México, Oligarquía o Democracia (febrero 2026); INEGI, Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados 2022 (ENASIC); INEGI, ENIGH 2024.
