Cuando una ministra de la Suprema Corte propone que se debe pagar un impuesto sobre las herencias, pareciera que (por fin) se abre un necesario debate sobre la justicia fiscal en México. Pero, especialmente en algo tan sensible como los impuestos, los adjetivos y los detalles importan. Cuando la discusión surge en realidad tras plantear que se graven los fondos individuales de retiro con el impuesto sobre la renta, la discusión se vuelve estéril.
Hoy más que nunca, en un contexto de extrema concentración de los recursos en pocas manos, se requiere volver a plantear el impuesto a las grandes herencias y sucesiones en México. No a la herencia de pequeños fondos individuales de pensiones de las personas trabajadoras o de propiedades de interés social, sino de las grandes fortunas con cifras de muchos dígitos. A julio de 2026, hay solo 24 milmillonarios mexicanos —con una fortuna conjunta de más de US$256 mil millones de dólares— que, a su vez, forman parte de los apenas 120 latinocaribeños con fortunas por encima de los mil millones de dólares en una región con 672 millones de personas.
Hace más de dos siglos, los países de nuestra región vieron una ola de movimientos de independencia frente al imperio español, con un llamado inspirado en las revoluciones francesa y estadounidense: el poder político no lo otorga un ser divino ni se hereda por medio de la sangre a familias a varios miles de kilómetros, sino que radica en la soberanía popular obtenida en las urnas y en los espacios de representación colectiva desde los territorios. En pleno 2026, no podemos decir lo mismo sobre el poder económico. A falta de un impuesto a las grandes herencias y sucesiones, el poder económico se hereda de padres a hijos, mientras se decide sobre el futuro de las mayorías desde los espacios informales donde suelen operar las élites, ya sea en Davos, Aspen o un yate por el Mediterráneo.
Dado que la edad promedio de los milmillonarios mexicanos es de 71 años, al menos el 84 % de la riqueza en manos de estas 24 personas será heredada en las próximas décadas. La aburrida lista de milmillonarios de Forbes para México es un recordatorio constante de lo anterior: los apellidos no han cambiado, solo lo han hecho los nombres de pila. Juan dio paso a Juan Domingo y Karen Beckmann, después de pasar de Alberto a Alejandro Baillères.
En tiempos en que la histórica situación de bajos ingresos públicos en México alarma incluso a las agencias calificadoras, los bancos comerciales y a los organismos internacionales, la conversación sobre la necesidad de una reforma fiscal progresiva y profunda en México comienza a tomar un lugar central en la conversación pública. Una característica estructural de nuestro injusto sistema fiscal es la baja recaudación de impuestos a la riqueza en México, equivalente apenas al 0.3 % del PIB en 2024, por debajo del promedio de 0.8 % entre los países latinocaribeños o del 1.7 % entre las economías de la OCDE. El impuesto a las grandes herencias, sucesiones y donaciones deberían formar parte de una reforma fiscal progresiva de gran calado, que proponen incluso voces reconocidas como la economista Mariana Mazzucato en su reporte de política para fortalecer la viabilidad del Plan México.
Contrario a quienes argumentan que es un impuesto injusto pues representa “doble tributación”, en realidad es un impuesto que recae sobre sujetos distintos. Quien paga el impuesto es quien recibe la herencia o sucesión, pues representa un ingreso extraordinario que implica una enorme e injusta ventaja por el hecho de nacer en un cuerpo y familia dados. Heredar una gran fortuna equivale a arrancar esta carrera de 100 metros planos llamada vida en el metro 95 solo porque tenemos ciertos apellidos. Lo anterior se vuelve especialmente relevante cuando hablamos de herencias de miles de millones de dólares, cantidades exorbitantes que no solo implican heredar poder económico, sino también poder e influencia políticas.
Abandonemos los debates estériles y pongamos la atención donde importa. En un país donde es extremadamente barato ser rico y donde esa ventaja se hereda sin costo alguno, el impuesto a las grandes herencias y sucesiones debe ser un elemento indispensable de una reforma fiscal progresiva y profunda. En tiempos en que la extrema derecha en Latinoamérica plantea como primera acción de gobierno las reformas a puerta cerrada donde se recortan los impuestos a los más ricos, la primera apuesta de los gobiernos y movimientos democráticos y progresistas deben ser los impuestos a los más ricos, con transformaciones fiscales profundas discutidas y construidas en espacios colectivos. Hagamos que los más ricos paguen.
