- En 2025, las renuncias recaudatorias representaron el 4.4% del PIB; una cifra que supera 38 veces el presupuesto de la Sedatu y 43 veces el de la Semarnat.
- El 75% de las deducciones personales del ISR se concentran en el 10% de los hogares con mayores ingresos, evidenciando la regresividad de instrumentos fundamentales del sistema fiscal mexicano.
- El monto de las renuncias recaudatorias en México es más alto en comparación con otros países de la región.
Ciudad de México a 22 de junio de 2026.- En 2025, el Estado mexicano dejó de recaudar 1.58 billones de pesos -un monto equivalente al 4.4% del PIB- por concepto de exenciones, deducciones, condonaciones y estímulos fiscales dirigidos, en su mayoría, a los hogares con mayores ingresos y a las grandes empresas, reveló Oxfam México en su reciente análisis “¿Incentivos para quién? Renuncias recaudatorias que subsidian a los más ricos”.
A través de este mecanismo, el gobierno deja de cobrar dinero voluntariamente bajo la premisa de promover el desarrollo y el bienestar. Sin embargo, la organización advierte que el modelo actual opera como una herramienta política que otorga subsidios indirectos a la élite económica y, en consecuencia, profundiza la desigualdad económica en el país.
La magnitud de las renuncias recaudatorias en las finanzas públicas es enorme: el monto sacrificado en 2025 superó con creces la inversión pública nacional (de 3.1% del PIB). Además, rebasó por 38 veces el presupuesto de la Sedatu, por 43 veces el de la Semarnat, y por 376 veces el de Semujeres.
Una herramienta fiscal opaca y discrecional
Una herramienta fiscal opaca y discrecional
A pesar de su relevancia, el Estado carece de objetivos verificables, indicadores de desempeño, cláusulas de caducidad o datos abiertos que permitan evaluar el impacto social de estas renuncias. Tampoco existe información para conocer con certeza a los beneficiarios ni los resultados alcanzados.
Muestra de esta opacidad son los estímulos otorgados a proyectos políticos prioritarios como los Polos de Desarrollo para el Bienestar, la relocalización de empresas (nearshoring) o el Plan México, cuyos costos se registran en los documentos oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) bajo las siglas “N.A.” (No Aplicable) o “N.D.” (No Disponible).
“Que gran parte de las renuncias recaudatorias operen en la opacidad y bajo el riesgo de regresividad es una decisión política, no una limitación técnica. El Estado puede y sabe cómo fiscalizar a detalle; ya lo hace con las personas trabajadoras y con instrumentos de menor peso económico”, declaró Diego Merla, coordinador de la estrategia de Justicia Fiscal en Oxfam México.
Concentración de beneficios en élites económicas
Concentración de beneficios en élites económicas
El análisis de Oxfam México sobre los informes anuales de la SHCP demuestra que estas herramientas son profundamente regresivas:
- Deducciones personales: Casi 75 de cada 100 pesos de las deducciones del ISR se concentraron en el 10% de los hogares con mayores ingresos.
- Deducciones empresariales: 80 de cada 100 pesos destinados a la compra de vehículos beneficiaron al 10% de las empresas más grandes del país.
La concentración también es presupuestal: aunque la SHCP reportó 97 tipos de incentivos en 2025, solo 10 de ellos absorbieron cerca del 80% del monto total. En el caso de los estímulos fiscales, apenas seis de los 36 existentes concentraron el 95% de los recursos.
Adicionalmente, el documento evidencia que las renuncias operan como subsidios indirectos para corporaciones de sectores como la agroindustria, donde las tasas reducidas permiten a las empresas adquirir insumos primarios sin pagar impuestos y, al mismo tiempo, acreditar el IVA de sus procesos intermedios (energía, transporte, envases), ampliando sus márgenes de ganancia a costa del beneficio popular. Un fenómeno similar ocurre con los fideicomisos inmobiliarios, cuyo estímulo creció 17.1 veces en la última década mientras la vivienda se encareció hasta volverse inaccesible.
¿A quién benefician realmente los incentivos del Estado?
¿A quién benefician realmente los incentivos del Estado?
Mientras la clase trabajadora enfrenta una fiscalización estricta, los ultrarricos y las grandes empresas se benefician de las renuncias recaudatorias para evitar el pago de impuestos. Su influencia política les permite mantener estos mecanismos al margen de la discusión pública, perpetuando un sistema fiscal desproporcionado.
Ante esta situación, Oxfam México urge al Estado a transformar de fondo estos instrumentos y alinearlos con los principios de la justicia fiscal, para garantizar su función de bienestar social. Esto implica garantizar que las renuncias recaudatorias sean progresivas, transparentes y estén sujetas al control democrático y a revisión periódica.
Al respecto, la organización propone lo siguiente:
Progresividad:
- Orientar las renuncias recaudatorias hacia el bienestar colectivo
- Condicionar las renuncias a compromisos sociales
- Evaluar las renuncias a lo largo de toda la cadena de valor
Transparencia:
- Democratizar la información sobre las renuncias recaudatorias
- Impulsar el análisis de las renuncias recaudatorias con perspectiva de desigualdades
Control democrático y revisión periódica:
- Institucionalizar las renuncias como gasto público e integrarlas plenamente al ciclo presupuestal
- Establecer cláusulas de caducidad
“La pregunta central no es si el Estado debe o no renunciar a ciertos ingresos, sino en qué condiciones, en beneficio de quiénes y con qué mecanismos de control renuncia a cobrar impuestos”, concluyó Alexandra Haas, directora ejecutiva de la organización.
Notas a la edición
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