- El país cuenta con flotas masivas de transporte privado: más de 1,800 aviones privados, casi 1,800 embarcaciones de lujo y cerca de medio millón de autos de gama alta.
- Propuestas fiscales demuestran que gravar la propiedad, el uso de infraestructura y las emisiones de la «aristocracia del carbono» generaría entre 30,497 y 234,774 millones de pesos anuales.
- Organizaciones urgen reformas coordinadas a nivel federal y subnacional para financiar la transición energética y la movilidad sostenible sin afectar a las mayorías.
Ciudad de México, 26 de mayo de 2026.- La crisis climática, a nivel nacional y global es una crisis de profunda desigualdad económica. Combatir y revertir sus efectos requiere medidas de políticas públicas basadas en los principios de justicia climática y fiscal.
El nuevo informe de Oxfam México, “Que el lujo pague su boleto. Impuestos al transporte VIP”, demuestra como la «aristocracia del carbono» acelera el deterioro ambiental mediante el consumo suntuario o «lujo sucio» (dirty luxury). Se trata de un sector minoritario que utiliza su alto poder adquisitivo para financiar un estilo de vida con un impacto ambiental desproporcionado.
Los datos duros revelan una brecha alarmante en el contexto nacional. El 1% de la población en México es responsable del 23% de las emisiones contaminantes de todo el país, en otras palabras, el 1% más rico del país contamina lo mismo que el 74% de la población más pobre en el país. Por si fuera poco, el 0.1% mexicano más rico, alrededor de 130 mil personas, contaminan seis veces más que las 13 millones de mexicanos y mexicanas más pobres
Mientras las poblaciones más vulnerables y empobrecidas enfrentan con pocos recursos los efectos del deterioro ambiental, las olas de calor, las sequías, las inundaciones y otros fenómenos meteorológicos extremos, los ultrarricos aceleran el deterioro ambiental global por las emisiones desmedidas generadas a través de sus patrones inversión, consumo y movilidad.
Una de las expresiones más visibles de esta desigualdad climática es el consumo suntuario o de lujo. Se trata de bienes y servicios asociados al alto poder adquisitivo cuyo uso implica elevados niveles de consumo energético, extracción de recursos y generación de emisiones. Greenpeace ha señalado que el 1 % más rico de la población es responsable de la mitad de las emisiones de la aviación global, mientras que 80 % de la población mundial nunca ha volado en su vida.
“El consumo de lujo no solo indica los excesos de unos pocos y cómo se aprovechan de su poder económico y estatus, sino también una fuente relevante de emisiones que profundiza la crisis climática”, señaló al respecto Diego Merla, coordinador de la estrategia de Justicia Fiscal de Oxfam México.
El “lujo sucio” de los ultrarricos: aviones privados, jets, yates y SUV
Los medios de transporte de lujo son de las formas más contaminantes de consumo suntuario, particularmente los aviones privados, los superyates y los autos de gama alta. Estos son responsables de un consumo energético sumamente alto, un uso intensivo e ineficiente de combustibles fósiles y un acceso concentrado en una minoría de muy altos ingresos. Estos vehículos forman parte de una verdadera aristocracia del carbono.
La aviación privada alcanzó al menos 15.6 megatoneladas de CO2 en 2023, con un promedio de 3.6 toneladas por vuelo y sus emisiones aumentaron 46 % entre 2019 y 2023. Los jets privados son entre cinco y catorce veces más contaminantes por pasajero que los vuelos comerciales y 50 veces más que los trenes.
Los superyates representan otra expresión extrema de emisiones asociadas al lujo: un megayate con tripulación permanente, helipuerto, submarinos y piscinas puede emitir alrededor de 7,020 toneladas de CO2 al año, aproximadamente 1,400 veces más que la huella de carbono per cápita mundial.
El sector transporte es el principal emisor de gases de efecto invernadero en México, representando el 23% de las emisiones totales según la información presente en la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC 3.0). Dentro de este rubro, los medios de transporte privados de gama alta juegan un rol destructivo y desproporcionado. El inventario de estas flotas de élite en territorio nacional evidencia las dimensiones del problema:
- Aviones privados: México compite directamente con Brasil por ser el segundo país con más aeronaves privadas en todo el mundo, con una flota registrada de 1,841 unidades. Un jet privado contamina entre 5 y 14 veces más por pasajero que un vuelo comercial, y 50 veces más que un tren. Las operaciones están tan centralizadas que casi la totalidad de sus vuelos ocurren en solo 13 aeropuertos del país, principalmente en Nuevo León, Sinaloa y Sonora.
- Megayates de lujo: Se han identificado 1,796 embarcaciones de gran tamaño en el país, con un valor mediano de 24.3 millones de pesos por unidad. Un solo megayate con helipuerto y tripulación permanente emite cerca de 7,020 toneladas de CO2 al año, lo que equivale a 1,400 veces más que la huella de carbono per cápita mundial. El 68% de sus operaciones portuarias se concentra en dos estados: Quintana Roo y Baja California.
- Autos de gama alta: En las calles del país circulan casi medio millón de automóviles deportivos y camionetas SUV de lujo, cuyos precios promedian los 900 mil pesos y alcanzan hasta los 5 millones de pesos. A pesar de la riqueza que concentran, representan apenas el 0.34% del parque vehicular total, lo que demuestra que cualquier medida impositiva afectaría a un grupo sumamente reducido de la población.
Infraestructura púbica, a precios bajos para los más ricos
A pesar del severo impacto ambiental de estos vehículos, el marco legal mexicano les otorga privilegios fiscales insostenibles. Actualmente, el Estado cobra poco y mal por el uso que estos medios de transporte de lujo hacen de la infraestructura portuaria y aérea que se financia con los impuestos de toda la ciudadanía.
Según el informe de Oxfam México, la Ley Federal de Derechos y la Ley de Aviación Civil no distinguen entre vuelos comerciales y privados para el cobro de autorizaciones. De hecho, las normas actuales exentan por completo a las aeronaves privadas del pago de derechos por permisos de vuelo.
En el ámbito marítimo, la situación es similar. Registrar una embarcación de lujo cuesta apenas poco más de 17,600 pesos, sin ningún criterio de progresividad elemental según el tamaño del barco. En puertos turísticos como Cozumel, se cobran apenas 20 pesos diarios por pie de eslora por el uso de la infraestructura portuaria. Esta tarifa es hasta 240 veces más barata que las cuotas cobradas en países como Italia o Estados Unidos.
Necesario combatir la crisis climática con perspectiva de desigualdad económica y justicia fiscal
La regulación del «lujo sucio» avanza con fuerza en la agenda climática internacional, dejando a México al margen de la discusión. Durante la COP30 se consolidaron las propuestas del grupo de trabajo Global Solidarity Levies Taskforce (copresidido por Barbados, Kenia y Francia) para aplicar impuestos globales a los aviones de lujo y combustibles marítimos como el queroseno.
Este tipo de políticas ya demostró su viabilidad en países como Canadá, donde la Ley del Impuesto sobre Artículos Selectos de Lujo (con una tasa del 10%) logró recaudar 135 millones de dólares canadienses en su primer año.
En el caso mexicano, estudios recientes apuntan a que la ciudadanía muestra una mayor disposición a contribuir al erario si se percibe que los más ricos también lo hacen de forma justa y si los recursos se destinan directamente a acciones que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, como la inversión en transporte público eléctrico.
Para revertir esta injusticia climática y fiscal, especialistas proponen el diseño de escenarios tributarios basados en tres principios rectores que deben aplicarse de manera coordinada tanto a nivel federal como subnacional:
- Tributación progresiva sobre la propiedad de bienes de alto valor: Partiendo del principio básico de que quienes tienen más riqueza deben contribuir más al financiamiento de los bienes públicos, gravando activos no esenciales donde se concentra la riqueza.
- Precio justo por el uso de infraestructura pública: Si los aviones privados y los yates de lujo utilizan los aeropuertos, pistas y muelles que se construyen y mantienen con los recursos de toda la ciudadanía, deben contribuir de manera justa y proporcional en su mantenimiento.
- Costo significativo a la mitigación de emisiones: Establecer un principio de responsabilidad ambiental donde quienes más contaminan paguen más para reparar los daños colectivos que provocan.
Los análisis económicos de estos escenarios demuestran que la implementación de estas medidas fiscales tiene un potencial recaudatorio que oscila entre los 30,497 y los 234,774 millones de pesos anuales. Al enfocarse exclusivamente en este pequeño pero poderoso grupo de propietarios, el Estado puede captar recursos significativos para el gasto público sin afectar en lo absoluto el consumo básico ni la economía de los contribuyentes de ingresos medios y bajos.
“La discusión sobre estos gravámenes debe insertarse en una reflexión más amplia sobre el tipo de sociedad que se busca construir, la distribución de responsabilidades frente a la crisis climática y el papel del estado en la garantía de derechos y bienes públicos”, finalizó Alexandra Haas, directora ejecutiva de Oxfam México.
Notas a la edición
Consulta el informe en https://oxfam.mx/movilidadvip
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